La resolución municipal, que ha sido adoptada en el periodo de autoevaluación abierto a raíz del periodo de exposición pública del citado texto urbanístico, se debe a una alegación presentada por la plataforma Por Nuestro Betis, uno de los grupos opositores a la actual dirección del club verdiblanco, que alerta del riesgo real de que los aprovechamientos urbanísticos establecidos por convenio -y desarrollados en el citado Estudio de Detalle- sean cedidos por los actuales directivos del Betis en favor de una empresa patrimonial distinta a la propia entidad verdiblanca. En concreto, los ponentes de esta alegación –José Antonio Tirado e Íñigo Vicente– mencionan en su escrito la existencia contrastada de «un contrato de cesión de derechos urbanísticos entre el Betis y un tercero».
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